El asesinato de un alcalde culmina una semana de violencia en México

Imagen del enfrentamiento en Apatzingan, en Michoacán. / EFE

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Édgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, municipio del Estado de San Luis Potosí (norte del país), ha sido asesinado en la madrugada del domingo junto con Juan Francisco Hernández Colunga, quien fuera el coordinador de su campaña electoral del pasado 1 de julio. Con el asesinato del edil y de su colaborador, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se cierra una semana en la que varios estados de México registraron graves hechos violentos.

La fiscalía de San Luis Potosí informó que pasadas las 2.00 de la madrugada los servicios de emergencia de Matehuala recibieron una llamada en la que se informaba de dos personas lesionadas. En el lugar de los hechos, las autoridades identificaron a las víctimas y encontraron casquillos de armas calibre 223 y 7,62. Los políticos habían asistido a una fiesta familiar.

Según informaciones periodísticas, la esposa de Hernández Colunga también viajaba en el vehículo atacado y sobrevivió al atentado. El Comité Estatal del PRI ha condenado los hechos y ha pedido una investigación.

San Luis Potosí está gobernado por el PRI y con su reciente triunfo electoral, Morales Pérez había logrado que Matehuala –conocido municipio situado entre Monterrey, Nuevo León, y la capital de San Luis Potosí-, fuera de nuevo priísta después de años el bajo dominio del Partido Acción Nacional (derecha, en la presidencia de la República hasta diciembre). Morales Pérez iba a tomar posesión de su cargo el primero de octubre próximo.

El Estado de San Luis Potosí es vecino, entre otros, de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, lugares en donde en los últimos años han sido asesinados varios presidentes municipales. Pero no es la única región que padece estos males. El pasado domingo 5 de agosto, al otro extremo de México, fue secuestrado Nadín Torralba Mejía, alcalde de Tecpan de Galeana, en Guerrero (oeste del país). No se conoce nada de su paradero.

Durante la noche del domingo (primera hora de la mañana en España), siete miembros de una familia fueron hallados muertos en un rancho en en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, en el Estado de Veracruz, al sureste de México. Las víctimas, entre las que se cuentan tres niños, fueron degolladas.

El jueves pasado, en San Luis Potosí, fueron encontrados 14 cadáveres dentro de una furgoneta. Y horas más tardes se desató un enfrentamiento entre delincuentes y policías. En total, ese día se contaron 21 asesinatos.

Pero la escalada de violencia de estos días ha alcanzado también al Distrito Federal. El sábado fue localizado al sur de la capital mexicana un cuerpo descuartizado. Según un recuento del diario Milenio publicado este domingo, en lo que va de este año en la ciudad de México ha habido 111 “ejecuciones”, lo que supera las 57 que hubo durante todo 2011.

En Zacatecas, Estado vecino a San Luis Potosí, el sábado se informó del hallazgo de 12 cuerpos sin vida dentro de una camioneta abandonada en la comunidad Los Membrillos, del municipio de Fresnillo.

Finalmente, en Apatzingán, Michoacán, un enfrentamiento el viernes entre fuerzas federales y presuntos criminales dejó como saldo cuatro agentes de la Policía Federal y cinco delincuentes muertos.

La ruta del crimen

Hechos similares bajo entornos diferentes derivan en situaciones distintas. Por ello la regla básica del análisis político es que el contexto importa.

Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa se produjo un cambio de contexto en el tema del tráfico de cocaína. Fueron derrotados los grandes carteles colombianos, se desmantelaron las redes que estos tenían en Florida, mejoró la capacidad de interdicción marina de Estados Unidos en el Caribe y finalizó la política cubana de cooperación con el narcotráfico.

El tráfico de cocaína se trasladó entonces de la ruta más directa Colombia-Florida, hacia la ruta Colombia-Centroamérica-México-frontera de Estados Unidos. México era entonces un país bastante pacífico y en Guatemala, Honduras y El Salvador eran los Gobiernos los que tradicionalmente mataban gente. Sin embargo, el cambio de contexto descrito produjo una gran explosión de violencia delictiva en Centroamérica y México que en realidad era tan previsible como inevitable. La corrupción, las debilidades institucionales y los vacíos de Estado se convirtieron en muertos.

Los hechos más emblemáticos del cambio descrito fueron: la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa en Cuba en julio de 1989 y la película Scarface con la actuación de Al Pacino que nos cuenta del florecimiento del crimen organizado en el Miami de los ochenta.

Calderón plantó batalla al narcotráfico en México. Peña Nieto ha dicho que él la continuará

En los años setenta y ochenta existió una política de tolerancia solapada hacia la producción y tráfico de drogas. En esa época estas eran consideradas un problema marginal y no una amenaza seria a la seguridad. “Dejarlas pasar” era una práctica universal. Izquierdas, derechas, instituciones y sociedad se contaminaron por tolerancia, instrumentación o subvaloración del problema.

El fusilamiento del general Ochoa, “héroe de la república de Cuba”, tuvo más de expiación de una política oficial y de luchas internas que de combatir un delito. La política colombiana en todas sus corrientes se involucró con los carteles. El destape del caso Irán-Contra en 1987 en Estados Unidos movió a una investigación que se conoció como Kerry Commitee Report en 1989, que mostró evidencias que involucraban a la CIA en la tolerancia al tráfico de drogas para financiar a la Contra nicaragüense.

El crecimiento del poder criminal volvió insostenible la tolerancia solapada al narcotráfico. En ese sentido, la política de seguridad del presidente Calderón en México respondió a una realidad en la que no había opciones, esperar era dejar empeorar. México comenzó así a combatir al crimen organizado y a modificar positivamente las relaciones y el balance de fuerzas entre sociedad, Estado y delincuentes. Pese a que se habló mucho de los costos que ha implicado enfrentarse al crimen, la violencia no fue parte sustancial del debate en la reciente campaña electoral y ni siquiera del llamado movimiento “Yo Soy 132”.

En Estados Unidos hay quienes piensan que la victoria del PRI constituye un riesgo de vuelta al pasado, a pesar de que Enrique Peña Nieto ha dicho que el combate al crimen organizado continuará. Tal como ya lo afirmaron algunos, México es hoy un país distinto y la política de seguridad del nuevo Gobierno necesitará, por interés propio, responder a una amenaza que ya no es la misma que hace 20 años. Se acabó el contexto en el que “dejar pasar” tenía pocas consecuencias.

Antes se movía cocaína. Ahora Guatemala produce heroína, y El Salvador, metanfetaminas

Todos los partidos políticos en México han tenido víctimas en sus filas, todos enfrentan el problema como Gobiernos locales y todos sufren presión pública para que retornen la paz y la seguridad. Para reducir la violencia es indispensable controlar el territorio y aumentar exponencialmente la fuerza policial. Nada afecta más severamente al crimen organizado que la fortaleza del Estado en el territorio; no existe, como algunos piensan, conflicto entre combatir al crimen organizado y reducir la violencia.

También se duda si con el nuevo Gobierno serán posibles los acuerdos políticos que demanda la seguridad. La violencia en el Estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey, el “corazón industrial de México”, ha sido sin duda la más grande provocación del crimen organizado hacia el Estado mexicano. En este Estado, acostumbrado a gozar de paz y seguridad, coinciden actuando el Gobierno Federal del PAN, el Gobierno del Estado del PRI, el Gobierno de la ciudad de Monterrey del PAN, los poderes económicos más importantes de México, un centro académico de la más alta calificación y una población considerada ejemplo cívico para el país. No sin conflictos, las instituciones federales, estatales y municipales de seguridad y justicia con el apoyo de empresarios, academia y sociedad pusieron en marcha el plan de seguridad más rápido, integral y exitoso de reducción de la violencia y atención a la seguridad de México.

En Nuevo León está en desarrollo una nueva policía llamada Fuerza Civil que a la fecha ha preparado cerca de 2.000 efectivos; se está edificando una colonia conocida como “ciudad policial” para los miembros de la nueva corporación; y como parte de la política de prevención social y recuperación de espacios urbanos se ha construido el centro comunitario más grande del país en la colonia Independencia de Monterrey.

En un año el promedio diario y mensual de homicidios ha bajado más del 50%, el robo de vehículos más del 30% y todos los delitos van en descenso. Nuevo León-Monterrey es un indicador de una dinámica de construcción de consensos en México, que puede ser complicada, pero que al final funciona.

El problema no está en México, este país tiene los recursos y capacidades para mejorar su seguridad, lo más grave está en los pequeños, pobres y violentos países centroamericanos. Existe la creencia de que México le ha complicado la seguridad a Centroamérica cuando es al contrario porque la ruta criminal es de Sur a Norte y no a la inversa. Mientras en México hay lucha y progresos, en Centroamérica hay impotencia y empeoramiento. Antes el problema era de tráfico de cocaína, ahora Guatemala produce heroína. Según fuentes públicas, hasta mayo de este año en Guatemala se habían incautado más de 470.000 galones de precursores para fabricar metanfetaminas, y en El Salvador casi 200 toneladas que serían solo una porción del total. Las policías, las prisiones y la justicia están colapsadas desde hace tiempo. Son naciones desesperadas esperando milagros ante la imposibilidad de impulsar políticas públicas.

La debilidad de estos Estados permite que los criminales hagan un uso cínico de sus territorios. Centroamérica se está transformado en santuario criminal, fábrica y supermercado de drogas, centro de lavado de dinero y lugar de reclutamiento de sicarios. La frontera sur de México ya es otra zona de caos por los flujos migratorios imparables, por el narcotráfico y por la expansión de las “maras” desde Centroamérica. Con sus 45 millones de habitantes, la región es parte natural de la geopolítica mexicana como potencia emergente, algo que ya le disputan Venezuela y Colombia. Hasta fechas recientes, México ha debido ocuparse de su propio problema, sin embargo la seguridad es ahora un problema transnacional. De nuevo no hay opción, o México contribuye a estabilizar Centroamérica, o Centroamérica impedirá que México se estabilice.

Joaquín Villalobos fue guerrillero salvadoreño y es consultor para la resolución de conflictos internacionales.

Detenidos 12 agentes mexicanos por el ataque a diplomáticos EE UU

Militares recogen evidencias del vehículo blindado. / R. S. (EFE)

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Doce agentes de la Policía Federal mexicana han sido detenidos en el marco de la investigación abierta por el ataque contra una camioneta en la que viajaban dos funcionarios de la Embajada de EE UU y un integrante de la Marina de México, cuando circulaban con sus vehículos por las afueras de la capital mexicana, México DF, han informado fuentes oficiales.

En declaraciones a la prensa, la fiscal mexicana Marisela Morales detalló que el arresto preventivo  por 40 días fue concedido por un juez federal penal a petición de la institución que encabeza, la Procuraduría General de la República (PGR).

El arresto de los 12 agentes que presuntamente participaron en el ataque a tiros contra un vehículo diplomático el viernes en una carretera del estado de Morelos, en el que resultaron heridos los tres ocupantes, fue solicitado "por abuso de autoridad y lo que resulte" en las investigaciones.

Por el momento "no se descarta ningún delito", apuntó Morales, quien precisó que la PGR solicitó la medida "para tener el tiempo necesario para una investigación exhaustiva con una colaboración en todos los niveles".

Las secretarías de Marina y de Seguridad Pública informaron el viernes en un comunicado que el vehículo de la embajada de EE UU había recibido "múltiples impactos de bala" de disparos efectuados por agentes de la Policía Federal (PF) cuando realizaban "labores de persecución del delito".

El incidente se registró cuando los dos funcionarios estadounidenses y el marino mexicano se dirigían a las instalaciones de la Armada en el cerro de El Capulín, en el central Estado de México.

Al entrar el coche en un camino sin pavimentar fueron alcanzados "por un vehículo cuyos tripulantes les mostraron armas de fuego", por lo que el conductor de la camioneta diplomática "maniobró para evadirse y reingresar a la carretera", tras lo cual los policías federales abrieron fuego.

Poco después "otros tres vehículos -de la Policía- se sumaron a la persecución y realizaron disparos con armas de fuego contra el vehículo de la embajada de los EE UU", de acuerdo con la nota oficial. La carretera federal México-Cuernavaca, que conduce a zonas recreativas muy populares entre los capitalinos, se mantuvo cerrada largas horas después del ataque.