La solicitud para cambiar la reforma enviada por el presidente Felipe Calderón, dijo, se basa en lo sustentado en el derecho comparado, y es inconsistente con las recomendaciones señaladas por el Grupo de Acción Financiero Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).
Como adelantó EL UNIVERSAL, varias organizaciones han externado sus reservas sobre la reforma contra el lavado de dinero.
Murillo Karam coincidió con lo señalado por los dirigentes —entrante y saliente— de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, AC, Heriberto Castillo Villanueva y Juan Pastrana.
Se trata “de una iniciativa muy compleja y si lo que estamos buscando es evitar el lavado de dinero, hay que hacerlo de la forma más cuidadosa para evitar que se genere un conflicto que diluya la eficiencia de la ley”.
La iniciativa presidencial ha sido criticada por tener un enfoque de recaudación fiscal más que de persecución de las prácticas delictivas, y por facultar a notarios públicos como sujetos obligados para investigar dicho ilícito.
“Si mezclamos un asunto de control fiscal con un tema meramente de persecución de lavado de dinero, podemos generar un problema muy grave al sistema económico y financiero del país, y más cuando lo que se busca es que los ciudadanos y los profesionistas sustituyan a las autoridades en la labor de perseguir a los sospechosos”.
El ex gobernador de Hidalgo recordó que dentro del proceso de análisis de la iniciativa contra lavado de dinero se han revisado las posturas de los diversos actores implicados y afectados, las cuales se tomarán en cuenta por la comisión senatorial que preside para poder tener una ley acorde con la realidad.
El 23 de septiembre, este diario informó que los notarios públicos del país criticaron la iniciativa contra el lavado del Ejecutivo federal.
