CIUDAD DE MÉXICO (09/NOV/2011).- Israel Arzate Meléndez caminaba por las calles de Ciudad Juárez, cuando soldados y hombres vestidos de civil lo obligaron a subirse a un auto... horas después era sometido a choques eléctricos para que aceptara haber participado en una masacre.
Arzate afirmó en su relato que fue llevado a una base militar, donde fue torturado. Le exigían información y con cada respuesta negativa llegaba una nueva serie de choques eléctricos, golpes y asfixia. Fue capturado el 3 de febrero de 2010.
Sus captores le dijeron que si no hablaba el cuerpo de su esposa sería arrojado a un terreno baldío. No resistió más y aceptó confesar lo que querían: su participación días antes en el asesinato de 15 personas en una fiesta juvenil en la colonia Villa de Salvárcar de Juárez, una de las peores masacres registradas hasta entonces.
La historia de Arzate, quien se encuentra en espera de que le resuelvan un amparo tras denunciar haber sido víctima de tortura, forma parte de reporte de la organización Human Rights Watch, basado en dos años de investigaciones en cinco estados de México.
El informe indicó que encontró evidencias de más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 casos de ejecuciones extrajudiciales en el marco de la estrategia del gobierno del Presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico.
HRW señaló que el reporte fue realizado a partir de más de 200 entrevistas con víctimas, familiares y autoridades; además del análisis de estadísticas oficiales, la revisión de expedientes y quejas de abusos de derechos humanos.
El informe se concentra en casos de abusos ocurridos en cinco de los 32 estados del país: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, que han sido algunos de los más afectados por la violencia atribuida al narcotráfico y en los que se ha dado un importante despliegue de fuerzas de seguridad.
"En los cinco estados examinados, miembros de las fuerzas de seguridad sistemáticamente utilizan la tortura para obtener confesiones forzadas e información sobre grupos criminales. Y la evidencia apunta al involucramiento de soldados y policías en asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas alrededor del país", señaló la organización.
Agregó que la estrategia gubernamental más que fortalecer la seguridad pública "ha exacerbado un clima de violencia, la anarquía y el miedo en muchas partes del país".
Afirmó que ningún soldado o funcionario ha sido sentenciado por ninguno de los más de 200 casos analizados para el informe.
"El enfoque actual ciertamente no está funcionando", dijo a la AP Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.
"Si bien no podemos hablar de causalidad, hay al menos una correlación entre el despliegue de un ejército propenso a los abusos y la explosión de la violencia de los carteles, añadió.
El informe fue presentado antes de su divulgación pública a diversas autoridades mexicanas, que hasta el momento no han emitido ninguna posición oficial.
HRW señaló que miembros de prácticamente todas las fuerzas de seguridad que participan en el combate al narcotráfico han utilizado en algún momento métodos de tortura como golpes, asfixia con bolsas de plástico, ahogamiento simulado y choques eléctricos.
El grupo señaló que la mayoría de las víctimas de los casos que documentó son hombres jóvenes de orígenes humildes o clases trabajadoras, e incluyen desde mecánicos y taxistas hasta empleados de la construcción. Algunos, además, son policías, mujeres y niños.
Señaló que aunque algunas de las víctimas sean culpables de algún delito, los abusos a los que fueron sometidos son "inaceptables en cualquier circunstancia" y deben ser investigados y castigados.
Unos días después de haber asumido el poder, Calderón lanzó una ofensiva contra el crimen organizado que incluyó el despliegue inédito de miles de efectivos de las fuerzas armadas. Actualmente, más de 45 mil militares participan en la estrategia de seguridad y otros miles más de policías federales.
El despliegue, sin embargo, no se ha traducido en una reducción de la violencia atribuida al crimen organizado, que según cifras oficiales ha dejado más de 35 mil muertos, aunque algunas organizaciones estiman que la cifra ya supera los 40 mil asesinados.
En diversos momentos el gobierno federal ha refutado los señalamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales.
El mismo mandatario señaló en 2010 que empezaba a cansarse de lo que calificó de "cantaletas" sobre violaciones por parte del ejército. "Que no son ciertas, porque siempre se respeta la dignidad de los criminales y se les pone ante el juez", dijo entonces el mandatario.
HRW recomendó a las autoridades mexicanas, entre otras cosas, garantizar que cualquier abuso de soldados o policías sean investigados por la justicia civil, que cualquier detenido sea remitido de inmediato a los fiscales y otorgar un debido proceso a cualquier arrestado.
