CIUDAD DE MÉXICO La Comisión Permanente aprobó en comisiones el rechazo a la propuesta de ley HR3401 que estudia la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según la cual se equipara al crimen organizado y narcotráfico en territorio mexicano como insurgencia terrorista.
Se prevé que la propuesta sea llevada este miércoles al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, pues el Congreso estadounidense planea legislar extraterritorialmente y con criterios "intervencionistas", expuso el senador Jesús Garibay, presidente del grupo legislativo.
La senadora del PAN, Adriana González Carrillo, promotora del punto de acuerdo, aseguró que de prosperar iniciativa HR3401 el Departamento de Estado y a la Secretaría de la Defensa estadounidenses estarían obligados a combatir en el nivel de contrainsurgencia a los narcotraficantes en México.
Por eso pidió poner en evidencia ante los congresistas estadounidenses que los criminales en México no tienen motivaciones políticas que los vinculen con movimientos guerrilleros o insurgentes y que, por tanto, "los contenidos de esta iniciativa son inaceptables para nuestro país", pues implicarían aceptar la actuación de la justicia de ese país en territorio mexicano.
El PRI se reservó sólo un punto contenido en el dictamen con punto de acuerdo, el de crear un grupo multidisciplinario para promover cambios al Acuerdo 1992 firmado entre ambos países para establecer límites claros a la actuación de agentes de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano, presencia que de entrada debe rechazarse, expusieron la diputada Beatriz Paredes y el senador Sebastián Calderón.
Sin embargo, se pronunciaron por regular la presencia de esos agentes sólo de forma coyuntural y temporal, con el establecimiento de fechas precisas de ingreso y salida.
"Por razones de principio se debe rechazar la existencia de agentes de inteligencia de otros países en México", pero debido a que la problemática del crimen organizado es un asunto que reconocen los países de la región, con alcances transnacionales es pertinente una reglamentación precisa que acote su actuación, dijo Paredes.
El punto de acuerdo contiene otros cuatro apartados que fueron aprobados por todos los grupos parlamentarios, entre ellos la solicitud a la Procuraduría General de la Republica (PGR) para que presente un informe público sobre la estrategia de cooperación bilateral en materia de “lavado” de dinero con una evaluación sobre los resultados hasta la fecha, así como una estimación sobre los beneficios esperados a mediano plazo.
Los integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente pidieron que ese informe se entregue también a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, del Senado y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
