CUERNAVACA, MORELOS (15/JUL/2011).- Para garantizar la seguridad del adolescente Edgar "N", a quien las autoridades identifican como “El Ponchis” y quien está procesado por delitos contra la salud, homicidio calificado y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) estudia la posibilidad de que el juicio de desahogo de pruebas y de individualización se realice en la nueva sala que construyó el tribunal en el interior del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad (CEMPLA).
La consideración de esta medida cautelar también tiene por objetivo brindar seguridades al juez oral y los casi 60 testigos de cargo que están inscritos para la práctica de la audiencia a realizarse el próximo lunes a partir de las 09:00 horas, informó la magistrada del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo.
La previsión es que la audiencia sea privada, sin la presencia de los medios de comunicación como ha sido desde que Edgar es procesado en el TUJA.
El menor esta privado de su libertad desde el 3 de diciembre, luego de ser capturado por soldados de la 24 zona militar acusado de torturar y degollar a sus rivales del cártel del Pacífico Sur (CPS), una célula vinculada a los organización de los Beltrán Leyva.
Su detención y la de otros integrantes de ese grupo criminal, con edades promedio de 14 a 22 años de edad, sucedió después de una investigación castrense que logró decomisar videograbaciones donde se ve al adolescente y otros miembros del cártel del Pacífico Sur torturar y degollar a sus rivales.
Los videos se encontraban en los teléfonos celulares de los detenidos, aunque paralelamente circulaban en Internet, por lo que los investigadores de la 24 Zona Militar pudieron comparar que se trataban de las mismas imágenes.
La magistrada Pérez Güemes y Ocampo informó que la audiencia será privada porque las leyes internacionales exigen la reserva de los datos confidenciales de los adolescentes.
Explicó que la máxima sanción para un adolescente de 14 años, como es el caso de Édgar, son tres años de prisión y la privación de la libertad consideraría el tiempo que lleva recluido.
En el caso la Fiscalía Especializada para Adolescentes pide la sanción máxima para el menor y el pago de 3.5 millones de pesos para resarcir el daño a los familiares de las víctimas.
